El nuevo Mapa Local deja a los trabajadores en la cuerda floja

 

Ya en febrero de 2017, en otro artículo de opinión, utilicé por primera vez el término ERE para referirme a lo que entonces era proyecto de Mapa Local. En aquel momento se me acusó de derrotista y después ha sido toda la oposición y el resto de sindicatos los que han terminado utilizándolo para hablar del tema.

 

En todo este tiempo, la UGT ha sido el único sindicato que se ha mantenido inamovible en su postura contraria al entonces Proyecto, ya que en ningún momento hemos visto que se garantizasen las condiciones laborales de todo el personal, ni los puestos de trabajo del personal laboral de las actuales mancomunidades, ni del personal de los Ayuntamientos adscrito a servicios comarcalizables, que son casi todos.

 

A finales del pasado año, ante la inminente tramitación parlamentaria del proyecto, tres sindicatos, CCOO, ELA y LAB, se dirigieron a mí porque, dos años después, parecían haberse percatado de lo que UGT venía diciendo desde el principio y nos pidieron unidad sindical frente al proyecto, por lo que, desde ese momento, se organizaron movilizaciones conjuntas contra la ley que derivaron en concentraciones frente al Parlamento de los cuatro sindicatos.

 

A última hora, ante la inminente aprobación parlamentaria, el resto de sindicatos acordaron presentar unas enmiendas a través de Orain Bai, postura a la que UGT no se sumó, pues seguíamos entendiendo que no había enmienda ajustada a derecho que pudiera garantizar los puestos y las condiciones laborales del personal, y que las enmiendas presentadas solo podrían garantizar los derechos de representación sindical, es decir, los derechos de los sindicatos como organizaciones, no los de los trabajadores afectados.

 

La postura de UGT siguió siendo la que veníamos manteniendo desde el inicio, totalmente contraria al proyecto tal y como estaba diseñado. Es un proyecto perverso, ideado con una finalidad estrictamente política, de expansión de una determinada ideología, y que en ese afán expansionista pasa por encima de los derechos y las situaciones personales de todos y cada uno de los trabajadores de los ayuntamientos y mancomunidades actuales.

 

LAB fue el primer sindicato en descolgarse de la posición contraria al proyecto. Incluso habiéndose rechazado las pretensiones sindicales, le bastaba con mantener los derechos de los sindicatos, en concreto, la creación de un marco propio de negociación, ya que de ningún modo se garantizaban los puestos de trabajo.

 

Posteriormente, también ELA y CCOO accedieron a dar su visto bueno a la reforma, a pesar incluso de haberse rechazado las enmiendas que presentaron in voce a través de Orain Bai (ni siquiera fueron admitidas a trámite), y tan solo con la promesa de que posteriormente serán incluidas en la reforma a través de una Proposición de Ley que se presentará próximamente. Es decir, reconocen que la ley aprobada no garantiza ningún derecho laboral, pero a pesar de ello se “congratulan” (y utilizo su propio término) de la aprobación del Mapa Local.

 

La UGT ha mantenido la misma postura desde el principio: estamos en contra de la reforma del mapa local aprobada, porque, a día de hoy, con la ley aprobada y pese a las congratulaciones del resto de sindicatos, el personal afectado en este momento y todo aquel que pueda verse afectado en el futuro, no tiene ninguna garantía legal de que se vayan a mantener ni sus puestos, ni sus condiciones laborales. Solo esperamos que el nuevo Parlamento que surja de las urnas en mayo derogue este perverso modelo de mapa local aprobado por el cuatripartito.

 

Esta es la postura de UGT, clara y coherente desde el inicio. El resto de sindicatos tendrán que explicar a los afectados y a la sociedad en general por qué han terminado alegrándose de la aprobación de una ley que, ahora mismo, deja a los trabajadores sin garantías laborales, a la espera de una supuesta nueva ley, de la que no se conocen los términos, que introduzca unas enmiendas que han sido rechazadas en ésta y que, de nuevo, aunque fuera aprobada, no podrá garantizar jurídicamente los derechos laborales del personal.

 

Sergio Uría, Secretario de Administración Local de FeSP-UGT.

 

 

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