UGT y CCOO valoran que se congele la ley de internacionalización de servicios para trabajarla en una ponencia

 

UGT y CCOO han valorado positivamente este jueves que la proposición de ley de internacionalización de servicios, elaborada por el cuatripartito, "se congele" para "constituir una ponencia parlamentaria al respecto de cómo hacer las posibles reversiones a lo público de los servicios privatizados".

 

La paralización de esta proposición de ley ha sido anunciada en rueda de prensa por el secretario del sector de transporte de la Federación de Servicios de UGT Navarra, Manuel Gómez y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Navarra, Cecilio Aperte.

 

Según estos sindicatos, hay un "compromiso de retirada" de esta proposición de ley que iba a votarse este jueves en el pleno del Parlamento "por vía de urgencia y sin posibilidad de enmiendas". Algo que "impedía un debate sereno que nos hubiese permitido hacer aportaciones a esa proposición de ley" que "venía a vulnerar los derechos de los trabajadores que están prestando el servicio" internalizado "porque establecía en el plazo máximo de tres años el despido de las personas que se subrogaban", han explicado.

 

En opinión de los dos sindicatos, esta la ley sería "de aplicación a todas las administraciones públicas de Navarra" y a "todas las empresas privatizadas por gobiernos anteriores y que ahora fueran susceptibles de revertir al servicio público".

 

En este sentido, han resaltado que "los derechos de los trabajadores están recogidos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores" que "garantiza los derechos de los trabajadores en el caso de sucesión de empresas o traspasos de empresas".

 

"Si tenemos derecho a la subrogación tenemos derecho a mantener los mismos derechos que tenemos hoy en la empresa privada, y eso es contrato indefinido, aplicación del convenio colectivo y la aplicación de la antigüedad a cada persona desde que la tiene", han afirmado. Algo que "no es compatible" con la proposición de ley que establecía, ha explicado, la subrogación de los 15 trabajadores del servicio de transporte sanitario pero que "en el plazo máximo de tres años, crea 15 plazas en la plantilla orgánica" de manera que "se cubren las plazas y despido a los trabajadores que han venido subrogados".

 

Esto llevó a UGT y CCOO a celebrar reuniones con "los grupos parlamentarios que han tenido a bien recibirnos" y a la organización de concentraciones durante varios días frente al Parlamento de Navarra.

 

Como resultado, han subrayado, "la ley se congela" y "se va a constituir una ponencia parlamentaria al respecto de cómo hacer las posibles reversiones a lo público de los servicios privatizados pero también de cómo hay que actuar en el caso de que servicios públicos se privaticen".

 

Cecilio Aperte ha indicado que a pocos meses de la celebración de las elecciones autonómicas "no hay tiempo suficiente para establecer ese mecanismo que sea de aplicación a todos los procesos de reversión o privatización". Una ponencia que "debería contar con los sindicatos representantivos en cada uno de los sectores a nivel de Navarra para darle una salida normalizada a las relaciones laborales de los trabajadores subrogados", ha señalado el secretario del sector de transporte de la Federación de Servicios de UGT Navarra, Manuel Gómez.

 

Ambos sindicatos han planteado que los trabajadores de los servicios internalizados "mantengan las condiciones de trabajo con las que se subrogan mientras se mantenga por parte de la Administración el servicio que están prestando".

 

Otra opción sería, según ha indicado Manuel Gómez, "la creación de una empresa pública que fuera absorbiendo todos los servicios que internalizara la Administración y siguieran prestándose con los mismos trabajadores".

 

Unas propuestas, ha aclarado Gómez, con la que "no pretendemos que los trabajadores que pasen a depender de la Administración pasen a ser funcionarios" sino que "queremos evitar un hachazo a los derechos laborales de los trabajadores que, por el proceso de internacionalización de servicios, verían peligrar sus puestos de trabajo, vulnerando todos los derechos adquiridos".

 

Manuel Gómez se ha mostrado "más a favor que en contra" de la internacionalización de servicios, que ha definido como "una opción política que respetamos". "Pero lo que no podemos es que los trabajadores pierdan sus condiciones laborales", ha insistido.

 

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